ARGENTINA: Organismos de DDHH
sobre el Lock-Out
Enviado por Nenina
domingo, 30 de marzo de 2008
ORGANISMOS DE DD.HH. SE PRONUNCIAN
(Agradecemos la difusión de esta declaración)
Sobre el lock-out patronal
Los Organismos de Derechos Humanos abajo firmantes reafirmamos
nuestro compromiso con el camino institucional elegido por el pueblo argentino
y rechazamos los intentos de desestabilización política y golpista
de algunas instituciones representantes de los sectores económicos,
políticos y sociales que propiciaron, sostuvieron y participaron en
todos los golpes dados en nuestro país a partir de 1930 y que en 1976
impusieron, mediante el terrorismo de Estado, un modelo económico neoliberal
que conlleva la violación sistemática de los derechos de la
población de menores ingresos y cuyas consecuencias aún estamos
padeciendo.
Detrás de los legítimos reclamos de los campesinos y pequeños
productores, a los que apoyamos, se presentan como defensores del campo los
mismos actores que para imponer sus políticas económicas, fueron
ideólogos y cómplices del terrorismo de Estado y de sus métodos:
asesinatos, desapariciones, torturas, prisión, exilio, violaciones,
robo de niños.
Estas instituciones NO SON EL CAMPO. Representan la ambición egoísta
de los capitalistas del agro y los pool de siembra en los que participan grandes
grupos financieros no necesariamente agropecuarios. Representan a los 936
terratenientes que - según el Censo Agropecuario de 2002- poseen un
promedio de 38 000 has. cada uno, mientras 140 mil agricultores poseen un
promedio de 16,7 has. y que en los `90 mantuvieron silencio mientras 300 mil
pequeños productores eran expulsados de sus campos. Representan a los
Cargill y los Monsanto, que manejan el negocio de los agroquímicos
y las semillas transgénicas. Representan el modelo que no admite que
el Estado controle la renta agraria lograda con el sostén de un dólar
alto y subsidios en combustibles a costa del esfuerzo de toda la Nación.
Mientras emplean al 75% de los trabajadores rurales en negro y pagan sueldos
miserables a los trabajadores en blanco.
El Estado tiene el deber de llevar a cabo una justa distribución de
la riqueza y para tal fin consideramos que deben utilizarse las atribuciones
que las leyes le otorgan como las retenciones a las exportaciones que generan
enormes ingresos a los "dueños" de la tierra y a grupos exportadores.
Estas retenciones no les impiden ganar sumas fabulosas, simplemente les producen
una disminución de sus ganancias. Los fondos recaudados de las retenciones
a las exportaciones agrarias, y todo el superávit que genera el comercio
exterior de alimentos, energía, minería y otros deberían
destinarse a revertir una situación de polarización social.
De esa manera, a la legalidad de las medidas se sumaría la legitimidad
del cometido
Las entidades rurales que protagonizan el lock-out patronal no representan
-según sus propias declaraciones- a las miles de familias agrupadas
en Movimientos de Campesinos y de indígenas existentes en Santiago
del Estero, Córdoba, Formosa, que no se dedican al cultivo de la soja
transgénica -que ha devastado bosques, contaminado suelos y aguas,
envenenado el ambiente y eliminado mano de obra- sino que se dedican a la
producción de alimentos.
Hoy esas entidades utilizan para expresar su rechazo a las retenciones los
mismos métodos que critican defendiendo "el derecho a la circulación"
cuando los usan desocupados, trabajadores mal pagos o familias con hambre.
Y no sólo cortan las rutas sino que impiden -obligando a derramarlos
en un derroche ofensivo- que los alimentos lleguen a los que tienen derecho
a alimentarse.
Las retenciones son medidas necesarias pero insuficientes. Se requiere contemplar
la modificación estructural del sistema impositivo, ineficaz, injusto
e inequitativo. Los movimientos de campesinos, actores fundamentales, no pueden
estar ausentes de una mesa de diálogo donde, además de la política
de retenciones graduales y el destino de esos fondos, se discuta el modelo
de producción agropecuario, y se contemplen créditos y subsidios
amplios para las actividades perjudicadas por el monocultivo sojero.
Convencidos de que es deber del Estado intervenir en la actividad económica
para garantizar una justa distribución de las riquezas, los organismos
de derechos humanos abajo firmantes reiteramos nuestro compromiso con las
políticas que tiendan a la participación democrática
en un proyecto de liberación nacional, dirigidas a construir un país
solidario, con plena vigencia del Estado de Derecho y que priorice a los sectores
más vulnerables y desposeídos. Rechazamos el lock-out patronal
y los proyectos monopólicos y desestabilizantes de la Sociedad Rural
y sectores afines, avalamos las retenciones a los grandes propietarios y exportadores
y apoyamos los reclamos de campesinos y pequeños productores. ◊
Buenos Aires, 30 de marzo de 2008
Abuelas de Plaza de Mayo
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Buena Memoria
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
Herman@s por la Verdad y la Justicia
H.I.J.O.S.
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos
Servicio Paz y Justicia