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Sr. Presidente de la República
Don Ricardo Lagos Escobar
Presente.
Tengo el honor de dirigirme a S. E. para hacerle parte de algunos hechos
que me causan gran preocupación, y conociendo su sensibilidad
por los casos de violaciones a los Derechos Humanos, tengo confianza
en la atención que Usted le prestará a mi comunicado.
El 11 de mayo del presente año vencía el plazo para declarar
ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política
y Tortura creada por S. E. bajo el Decreto Supremo N° 1040. Es así
como ese día a las 11:15 hs. fui a declarar ante dicha Comisión,
pero cuan grande fue mi sorpresa al enterarme de que ésta no
considera los casos de torturas cometidos en el exterior del país
por agentes chilenos con la colaboración y participación
de agentes de Estados vecinos.
En efecto, el 24 de Mayo de 1976 a pocos meses del golpe de Estado en
Argentina y gozando de la protección del Alto Comisionado de
la Naciones Unidas para América Latina (ACNUR), fui torturado
junto a mi compañero de habitación Eduardo Agustín
Cruz, ex estudiante de la Universidad de Concepción y graduado
de la Universidad de British Columbia en Educación en Canadá,
de nacionalidad chilena al igual que yo. Era aquella mañana cuando
agentes argentinos junto a agentes chilenos irrumpieron en nuestra habitación
y comenzaron a golpearnos y a amenazarnos con sus armas de fuego poniéndolas
en nuestras cabezas. Si bien es cierto que a mí me fueron necesarios
algunos meses para reponerme completamente de los golpes recibidos,
mi compañero Eduardo Agustín Cruz aún arrastra
las secuelas de las torturas que le infligieron aquella horrible mañana.
Los hechos ocurrieron en el "Hotel Santa Fe" de Mendoza que
se ubicaba en la esquina de las calles General Paz y 9 de Julio. La
vieja casona fue demolida y en el lugar se construyó un moderno
edificio enterrando así las dolorosas experiencias adquiridas
aquella inolvidable mañana. En el Hotel vivíamos unas
80 personas, todas beneficiarias del estatuto de "Refugiado Político"
otorgado por el ACNUR. Esa mañana se aisló el hotel mientras
nos interrogaban y torturaban; nadie podía entrar ni salir de
allí. Esto duró unas dos horas, o quizás un poco
más. Todos los habitantes del inmueble fueron testigos de los
hechos. Cuando se retiraron los agentes, se llevaron a mi compañero
Eduardo Agustín Cruz, quien regresó al día siguiente
muy temprano por la mañana (a mí me correspondió
entregarle los primeros auxilios), venía sin uñas en los
pies y en las manos, su cuerpo completamente quemado por los golpes
de corriente que le aplicaron, traía moretones y llagas, lo único
que podía expresar entre sollozos y quejidos era: "agua
por favor"; venía en muy mal estado... Esperamos que se
abrieran las oficinas del ACNUR para dar aviso a los funcionarios de
esa institución internacional, ellos se presentaron en el Hotel
y trajeron médicos, después se llevaron a Eduardo Agustín
Cruz a Buenos Aires. No volví a saber de él hasta Octubre
del año pasado.
Mi estadía de 4 años en Mendoza, de Marzo de 1975 a Febrero
de 1979 transcurre durante el desarrollo de la "Operación
Cóndor", y en el marco de este plan de persecución
fui detenido en varias ocasiones en el país trasandino. Puedo
testimoniar con toda certeza de la presencia de agentes chilenos insertos
en las tropas y aparatos de represión argentinos durante las
operaciones. Estas intervenciones que me tocó vivir en aquella
época fueron muchas y siempre había agentes chilenos vestidos
de militares, los reconocíamos porque hablaban como chilenos
y se notaba una evidente complicidad en el trato entre los militares.
Los agentes que irrumpieron aquella mañana en el hotel Santa
Fe venían de civil y había uno de ellos que hablaba poco,
pero se concertaba con los otros silenciosamente y notábamos
que se trataba de un chileno, incluso por lo poco que hablaba porque
decía cosas como "tenís que hablar hueón,
en vez de "tenés que hablar..." que es como hablan
los argentinos. Mi compañero Eduardo Agustín Cruz dice
que cuando se lo llevaron (seguramente a un cuartel militar) allí
había sido torturado por un chileno. Además, todo lo que
les interesaba era asuntos relacionados con los movimientos chilenos.
De todo esto quise dar testimonio la mañana del 11 de Mayo ante
la Comisión, pero lamentablemente, según Cristian Correa,
abogado Secretario de la Comisión, estos casos no pueden ser
considerados por haberse desarrollado fuera de las fronteras del territorio
nacional. Argumentó esto diciendo que tenía órdenes
de no considerar estos hechos y a pesar de que yo le hiciera notar que
el Decreto Supremo N° 1040 no dice nada al respecto y que, sin embargo,
declara: "Corresponderá a esta Comisión, y de acuerdo
a los antecedentes que se presenten determinar quiénes son las
personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones
políticas, por agentes del Estado o de personas a su servicio,
en el periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10
de Marzo de 1990".
El Señor Abogado de la Comisión me orientó para
solicitar al Ministerio del Interior argentino los beneficios que establece
la ley 24.043 de dicho país, que estableció medidas de
reparación para las víctimas de prisión política,
pero mi drama que comienza a partir del 11 de Septiembre de 1973 mana
de las consecuencias del golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas
Armadas de Chile y no de alguna nación extranjera. Por otro lado,
considero que los ciudadanos chilenos abusados por organismos de Estado
extranjeros (si así lo fuese) debieran contar con el respaldo
de su Nación, sobre todo cuando vivimos un Estado de Derecho
y gozamos de excelentes relaciones diplomáticas con el país
vecino.
El Señor Cristian Correa menciona: "...debo precisar que
me entrevisté con el Sr. Arias, escuché su relato y le
expliqué las dificultades para acreditar efectivamente la participación
de agentes chilenos en su detención y tortura". Pero si
la Comisión no cuenta con los medios para acreditar los hechos
¿qué posibilidad tiene un simple ciudadano como yo para
investigar y entregar pruebas? Yo soy un simple ciudadano que cumple
con su deber cívico al ir a entregar su voluntario testimonio
al organismo pertinente, pero en tanto que simple ciudadano afectado
por las violaciones a los derechos humanos, no puedo disponer de los
elementos ni de las herramientas para probar la participación
de los agentes chilenos que iban al extranjero a perseguir, detener,
torturar y asesinar a nuestros compatriotas. El Estado sí dispone
de los medios para investigar. Creo que es su rol y no el mío.
El Señor Correa termina diciendo: "Esta Comisión
ha hecho un esfuerzo significativo por aportar a que la sociedad chilena
conozca estos hechos y asuma su responsabilidad en ellos. Para que ello
se logre, es preciso ser riguroso y certificar sólo aquellos
casos de los cuales exista convicción de la actuación
de agentes del Estado de Chile. De lo contrario, se restará credibilidad
a todo el proceso". Entonces yo pregunto Señor Presidente:
¿Y los casi 80 testigos que presenciaron los hechos aquella mañana
del 24 de Mayo de 1976 no cuentan? ¿Y los informes que podría
entregar el ACNUR con respecto a los hechos tampoco tendrían
validez? ¿Quién responde por estos atropellos a los derechos
humanos en el extranjero? ¿Por qué el Estado chileno se
desentiende de las torturas infligidas a chilenos por otros chilenos
que operaban en el extranjero cumpliendo órdenes de organismos
del Estado? ¿Por qué entonces el Estado de Chile le otorgó
una indemnización a la familia de Orlando Letelier por su asesinato
en Washington, D.C., ocurrido éste fuera de las fronteras del
territorio nacional, y no se compromete por investigar hechos a otros
compatriotas? ¿Acaso S. E. desconoce la existencia de actos de
violaciones a los Derechos Humanos fuera de nuestras fronteras, y que
éstos hacían parte de una política de estado sistemática,
implementada por los agentes de la dictadura?
Señor Presidente, fuimos muchos los chilenos que sufrimos el
exilio y las torturas fuera de nuestro país, y en mi caso particular,
perdí la oportunidad de estudiar; mi juventud la viví
entre el mundo de la vida y el de la muerte; perdí de vista a
mis padres, cuando los volví a encontrar ya estaban viejos y
enfermos, ambos murieron un par de meses antes de mi retorno definitivo
del exilio; no vi crecer a mis sobrinos ni a mis hermanos menores; y
como si fuera poco, me golpearon injustamente fuera de mi país
sólo porque soñé con una sociedad mejor para mi
pueblo; pero la peor tortura que me tocó soportar fue la de que
entre agentes de mi país junto a agentes de otra Nación
se unieran para tratar de rompernos el alma, y sólo porque estábamos
enamorados de la humanidad y de la vida. En mi último libro "Instantes",
así como en los anteriores, relato parte de estos horribles recuerdos;
ha sido una forma para mí de expulsar de mis entrañas
dolidas por las amargas remembranzas, el dolor que se arrastra a través
de los años, pero creo que no basta el desahogo, es preciso que
el Estado se haga parte de las injusticias que le inflingió a
sus hijos y busque una forma de repararles el daño causado.
Usted Señor Presidente en alguna oportunidad fue parte de nuestro
mundo, compartió nuestras luchas y nuestras esperanzas, y eso
le ayudará a entender nuestras amargas lágrimas exiliadas,
las tristes y dolorosas lágrimas de tantos miles de compatriotas
que, como yo, lloraron en algún punto del planeta su solitaria
nostalgia por la patria.
Es por todo esto que le pido, Señor Presidente, que no excluya
de su proyecto de reparación a las víctimas de prisión
y tortura el drama de los exiliados torturados en el exterior.
Sin otro particular, y esperanzado en que mi alegato tenga un eco en
su conciencia, le ruego aceptar el testimonio de mi profundo respeto
y admiración.
Luis Arias Manzo
RUT: 7.563.585-0
MERCED 324 SANTIAGO
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